La democracia municipal está desde hace tiempo en el punto
de mira de reformas legislativas profundamente regresivas. Ya en los primeros
años de la crisis, desde algunos círculos empresariales se reclamó la supresión
de ayuntamientos. Y si hace unos meses el Gobierno anunciaba una llamada Ley de
Racionalización, ahora responde con una reforma de la legislación electoral
ante el riesgo de que las próximas elecciones municipales hagan inviables los
consensos bipartidistas o abran la posibilidad a que los gobiernos locales se
conviertan en aliados de la ciudadanía contra las políticas de expolio. De un
lado, la guerra emprendida contra la sociedad por la Troika y sus grupos
financieros, dirigida hacia lo que queda del sector público municipal con la
deuda como coartada, y de otro, la democracia, la lucha por el derecho público
a la ciudad, este sería en resumen dos grandes líneas que se confrontan en el
escenario municipal.
En el camino hacia la destrucción social de Europa dirigido
por la Troika, ha sido ya fijado el próximo objetivo: los ayuntamientos, junto
con sus bienes y servicios, son lo siguientes en la escalada financiera contra
la sociedad. La enorme acumulación privada de riqueza, derivada de la
especulación que ha llevado a la crisis global de estos años, necesita
encontrar nuevos espacios para la valorización y su objetivo ahora apunta hacia
la autonomía local. Ya en 2011, el Deutsche Bank, en su informe a la Comisión
Europea “Beneficios competencias y crecimiento”, indicaba que los Ayuntamientos
ofrecen el mayor potencial de privatizaciones. Esta es la verdadera razón que
mueve la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, el último asalto ordenado desde los poderes financieros para expoliar
los ayuntamientos y neutralizar el riesgo de que por su cercanía a la gente y a
los escenarios del malestar social, puedan convertirse en un aliado para la
práctica democrática y la concreción de poderes ciudadanos frente a la
dictadura financiera.
Sin embargo, el expolio de los ayuntamientos no es algo
reciente. Desde los años 90 y en particular en los últimos 15 años se viene
produciendo con el concurso de varios factores:
El Pacto de Estabilidad Presupuestaria y Crecimiento Interno
con las distintas medidas anuales que de él se derivan, que impusieron a los
Ayuntamientos los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados por el Estado
de acuerdo con la UE. Las consecuencias de ello van desde la limitación de las
posibilidades de contratación de personal, abriendo incluso la posibilidad de
despidos colectivos, hasta el deterioro planificado de los servicios, para
favorecer campañas ideológicas de desprestigio de lo público, pasando por la una
reducción drástica de la capacidad de inversión y la limitación del gasto
corriente hasta el punto de poner en riesgo el propio funcionamiento. En
resumen: la propia lógica del Pacto conlleva un proceso forzado de
endeudamiento, incremento de los tributos locales, privatizaciones de servicios
públicos municipales y enajenación de patrimonio.
El segundo factor, agente del expolio municipal, han sido
los recortes en la financiación que, en vez de reorganizar el gasto eliminando
el despilfarro y las corruptelas, llevaron a la reducción en los servicios que
se prestan, sin orden de prioridades ni programación de necesidades.
Un tercer factor de impacto fue la aprobación del Pacto
Fiscal con el objetivo suscrito en el ámbito europeo de disminuir al 60% en
veinte años la relación deuda/PIB. Ello supone una reducción anual drástica del
3,3% con un coste de más de 50.000 millones de euros al año. Si a esto se
añaden las medidas para constitucionalizar la doctrina neoliberal, el cuadro
final queda claro. El objetivo es colocar a los Ayuntamientos contra la pared
desde el punto de vista económico y obligarlos a poner todo su patrimonio a
disposición del lobby bancario y financiero. Esto es lo que esconden las
modificaciones de la legislación local promovidas en los últimos tiempos,
algunas de ellas particularmente agresivas, como la que actualmente impulsa el
Gobierno del PP, en España.
El territorio se ha convertido en instrumento de la
valorización financiera mediante la continua recalificación de suelo,
favorecida por una normativa que permite emplear las plusvalías urbanísticas en
gasto corriente de los ayuntamientos. Por otro lado, los históricos déficit de
financiación y los objetivos de estabilidad presupuestaria han resultado unos
eficaces aliados de los intereses especulativos para obligar a los municipios a
poner a disposición de la especulación inmobiliaria cada vez mas suelo, como
fórmula perversa de obtención de ingresos. En está lógica expropiatoria han
estado también las obras faraónicas - ya se trate de bases militares, mega
proyectos, infraestructuras o eventos- que han servido para consagrar el
territorio a los intereses de los poderes financieros y la especulación
inmobiliaria.
Si estamos de acuerdo en que lo que está ocurriendo es un
proceso enorme de expolio, puede deducirse que ahora las modificaciones
legislativas tratan de impedir que los pueblos y ciudades se conviertan en
marco adecuado para ensayar formas de organización y protesta que permitan la
reapropiación, por la sociedad, de la democracia y los bienes comunes. Esto
sitúa a los gobiernos municipales frente a una disyuntiva: deberán decidir si
son los ejecutores últimos de un proceso de privatizaciones que desde la Troika
baja a los gobiernos y continúa hasta los ayuntamientos, o se ponen de parte de
sus habitantes y se confrontan radicalmente a ella.
Los procesos de urbanización están estrechamente vinculados
a la reproducción y absorción de excedentes de capital a escala geográfica cada
vez mayor y se lleva a cabo siempre a costa de la desposesión de sus habitantes
( Harvey). Eso convierte a los barrios y los territorios de la vida cotidiana
en los escenarios del conflicto social. Reivindicar el derecho a la ciudad y
construir formas de poder ciudadano en la toma de decisiones sobre los procesos
de urbanización, no sólo significa hoy responder al poder de los especuladores
confrontado a los derechos ciudadanos, sino que sitúa lo local como espacio
desde el que articular resistencias frente al proyecto de la Troika, creando y
recreando el profundo cambio de valores que otro modo de producir, vivir y
consumir requiere. Hay algo que a estas altura no puede obviarse, para
responder a los modelos cada vez mas autoritario y presidencialistas, aliento
de la pasividad social y la financiarización, los movimientos sociales debe
trabajar con urgencia en definir las líneas de un municipalismo cooperativo y
solidario para promover desde la base, modelos alternativos en los que las
relaciones políticas, económicas y sociales tengan como objetivo la igualdad,
el crecimiento sostenible, el federalismo, la tolerancia, el internacionalismo,
la paz y la reorientación del tipo de división internacional e interior del
trabajo que hemos heredado.
Ese otro municipalismo, activo en la lucha contra el expolio
capitalista, requiere que la ciudadanía recupere los ayuntamientos para
convertirlos en aliados de la gente y en herramienta que ayude a la
auto-organización de las iniciativas ciudadanas. La desobediencia tanto al
Pacto de Estabilidad, que acordaron los dos grandes partidos castigados en las
urnas, como a la reforma local que pretende aplicar estrictamente las
disposiciones de una Troika impugnada en las urnas, en la calle y en los
centros de trabajo por las distintas mareas, deben ser el núcleo de alianzas sociales
y ciudadanas que mas allá de las aspiraciones electorales o de la mera
articulación de coaliciones con ese fin, sepan combinar unidad y diversidad en
torno a un programa para construir ciudades de los derechos humanos para todas,
dando vida a experiencias de democracia participativa, impulso al protagonismo
de los movimientos sociales y a una alternativa de desobediencia a los planes
de estabilidad y austeridad.
Francisco Sánchez del Pino y María Dolores Nieto Nieto. Publicado en Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186974
Francisco Sánchez del Pino y María Dolores Nieto Nieto. Publicado en Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186974