Notas a propósito de la XIX Asamblea de IULV-CA
Desde que comenzara
la aplicación de políticas intensivas de ajuste en España en mayo de
2010, cada una de las medidas de desmantelamiento de los derechos
laborales y sociales ha venido defendida, por los sucesivos gobiernos
que la han aplicado, sobre la base de la evitación de un mal mayor: la
intervención de la soberanía del país por parte de agentes externos.
Semejante argumentación contiene la extraña maniobra de intentar
justificar precisamente aquello que en teoría se estaría evitando: la
aplicación de medidas de castigo extremadamente dolorosas para la
población y que conducen a un desastre social.
“Nuestro
objetivo es derrotar al bipartidismo para acabar con la alternancia,
disputando la hegemonía al neoliberalismo en la sociedad y en las
instituciones. No queremos ser ni una izquierda subalterna ni una
izquierda solamente resistente” (de la Resolución aprobada en la X Asamblea Federal de IU)
Cuando el documento político para la XIX Asamblea de IULV-CA habla de
“gobierno de resistencia”, lo hace para declarar su compromiso,
precisamente, con aquello de lo que el documento federal rechaza: ese
carácter de la “resistencia” falta de iniciativa. El gobierno de
resistencia que se defiende en el documento andaluz no alcanza siquiera
al carácter de una protesta, en el sentido de esto no va conmigo
sino que se revuelve en una incómoda formulación de la resistencia
(gestión de los daños) que, para mayor desgracia, ni siquiera en todo su
minimalismo es realizable.
Las perspectivas de minimización de daños
pasan por la corrección posible de la aplicación de la ortodoxia
neoliberal, sea por imperativo o por voluntad propia, por parte del
gobierno de la Junta de Andalucía; esto es, por la posibilidad de
alimentar y atender a la parte social del sustrato social-liberal que
define al actual gobierno andaluz. Y esa posibilidad sólo puede
materializarse en un margen de maniobra determinado por la
disponibilidad de recursos y a la capacidad de obtenerlos a partir de la
marcha de la economía andaluza. Las dimensiones de ese margen tendrán
que definirse atendiendo a la realidad social y económica de Andalucía.
Todo ello, haciendo un esfuerzo por aceptar la mayor de que ahí se
marque el límite de la orientación estratégica de una fuerza
transformadora de izquierdas.
Sostenemos que la idea
social-liberal, orientadora del pacto de gobierno PSOE-IULVCA, consiste
fundamentalmente en un intento de corregir, a través de políticas
sociales de alcance más o menos limitado, las consecuencias escandalosas
de la brutalidad de las durísimas políticas de austeridad recetadas por
la troika. Pero esa misma austeridad (asumida en el acuerdo de gobierno
andaluz mediante la aceptación de la ortodoxia presupuestaria), unida
al desmantelamiento de los sectores productivos propios como
consecuencia del modo de integración europeo, elimina igualmente las
posibilidades de su propia corrección, al suprimir las bases materiales
que posibilitarían tal cosa. Semejante sueño social-liberal es un engaño
en el marco presente, y las pretensiones de realismo posibilista que se
pretenden expresar en declaraciones de intenciones como las de la
“minimización de daños”, se revelan paradójicamente como los más
irrealistas de los propósitos, los más deficitarios de análisis de las
posibilidades que ofrece la realidad material.
Hay que
preguntarse qué posibilidades de salida a esta situación hay dentro del
marco actual de la UE. El diseño de la Europa de Maastricht y el euro
reservaba a los países del sur, sobre todo España, Portugal y Grecia
(PEGs) un papel marginal, subalterno y dependiente que provocó un
proceso de concentración económica dejando inutilizadas y marginadas
regiones y energías productivas que podían encontrar un papel importante
en la cooperación con áreas externas a la Unión Europea. Impuso una
división del trabajo que inhabilitaba a estas regiones para impulsar
nuevas formas de cooperación económica [1]. Para Andalucía, como para el
conjunto de los países, la integración en la UE ha supuesto una
importante desindustrialización sin compensación alguna. Se impulsó un
crecimiento económico sostenido en el endeudamiento para el desarrollo
de dos sectores especialmente vulnerables a las crisis financieras: el
turismo y la construcción. Es decir, precisamente todo lo que estalla en
2008. La pérdida del último instrumento para proteger la propia
industria, la posibilidad de devaluación de sus monedas, dio como
resultado una explosión del déficit de la balanza de pagos por cuenta
corriente, que tuvo que financiarse a través de un mayor endeudamiento
con el exterior.
Hoy, las únicas señales de corrección de ese
desequilibrio en la balanza señalan a la depresión de la demanda
interna, lo que no construye bases para la recuperación. Desde el
ingreso en la UE, las políticas regionales y de cohesión han ido
paliando de alguna manera los desequilibrios inducidos entre centro y
periferia, sin embargo no han sido orientadas al desarrollo de una base
productiva interna y sostenible sino en muchos casos, más bien, a
incrementar la situación de dependencia, por ejemplo, el caso de la
financiación de vías para el transporte privado en lugar de inversiones
en el sistema ferroviario. La Comisión Europea ha programado una
reducción del 5% para las políticas de cohesión en el Presupuesto de
2014-2020. Y se esperan incluso nuevas reducciones. Además, dicho Fondo
se redistribuirá a favor de las regiones ricas y “en transición”,
categoría, esta última, de la que ha sido “descendida” Andalucía al
haberse reducido su nivel de convergencia con Europa como consecuencia
de la crisis.
Concluimos, por tanto, que no hay margen de maniobra
posible para la implementación de correcciones paliativas
significativas a las medidas de austeridad que están conduciendo a
Andalucía a una auténtica involución social y política, hacia el
subdesarrollo. La hipótesis de mantenimiento de los ingresos y de
activación económica necesaria para el gasto en corrección de
desigualdades sociales (es decir, la idea toda de “resistencia” que
maneja el documento para XIX Asamblea Andaluza) es una hipótesis falsa.
No hay perspectiva visible de estabilización de la situación económica
y, por tanto, tampoco de la situación social, cuya dinámica tiende a una
progresiva degradación si no hay un cambio radical en los
planteamientos. Ante este desgobierno, es de temer que la única vía de
estabilización posible para los que mandan sea la de la "estabilización
política de la crisis", a través de salidas más o menos autoritarias o
de grandes acuerdos o pactos de elites que vayan contra la sociedad.
IULV-CA tendrá que determinar en lo inmediato su forma de relación
política con la sociedad en este contexto en Andalucía, y definir si la
apuesta consiste en formar parte de un “frente común” como alianza
social y política en defensa de los de abajo, o de una manera trágica se
acaba siendo un componente pasivo de esos procesos de “estabilización
”.
Recuperar la soberanía, y con ella las posibilidades de una
salida a la crisis favorable a las gentes comunes y corrientes (conviene
aclara de qué se está hablando cuando se habla de “salir de la crisis”)
pasa por el replanteamiento del lugar asignado a Andalucía dentro de la
configuración actual de la Unión Europea [2]. La crisis de la llamada
"integración atlántica" obliga a mirar a otros espacios de integración y
a buscar, también, en lo regional, el impulso de “frentes comunes”
sustentados sobre los paralelismos en el desarrollo histórico de los
territorios, la identidad de los problemas adquiridos y la necesidad de
afrontarlos en común como única alternativa de superación. Sería ese, y
no la mera gestión de los daños, el marco de posibilidad para una primavera mediterránea como reclamaba recientemente Tsipras.
La XIX Asamblea de IULV-CA debería ser un espacio para el debate sobre
un nuevo modelo de desarrollo y transformación para Andalucía, para la
búsqueda de alternativas reales a la situación actual, alternativas que
pasan necesariamente por el planteamiento de todas esas cuestiones, por
el impulso a un frente euromediterráneo que busque (mas allá del proyecto Atlántico )una redefinición de la división territorial del trabajo en base a
1) Semejanzas en el desarrollo histórico de los países del sur más
castigados por su situación periférica [3]. Los modelos aplicados en
ellos de “modernización destructiva” sin desarrollo interno y a
costa del desmantelamiento de sus sectores tradicionales, esto es, de
sus formas de vida y trabajo orientadas a espacios locales y regionales,
para facilitar la “invasión” de la producción centroeuropea, espoleada
por la moneda común, y la condena al desarrollo, como única posibilidad
de crecimiento, de los sectores menos expuestos a la competencia
extranjera pero más destructivos y especulativos, como la construcción.
En definitiva, el modelo que trajo al sur las tasas de crecimiento más
altas de toda Europa y ahora, una vez hundido, con la misma rapidez, las
tasas más altas e insoportables de desempleo, de depresión social y de
descomposición política.
2) Los problemas que ahora tienen que
afrontar al devenir en pesadilla el sueño de la convergencia nominal que
se había estado desarrollando gracias a ese modelo especulativo: el
pago de la deuda y la ausencia de una base productiva capaz de afrontar
la situación de catástrofe social. Durante los años de crecimiento del
PIB, en los tres países ha ido creciendo también el déficit de la
balanza por cuenta corriente, pues ese crecimiento se ha basado en el
desmantelamiento simultáneo de las bases productivas.
3) La
imposibilidad de que los PEGs (y otros países más del área) puedan
enfrentarse por separado a las políticas de austeridad. La exigencia de
renegociar la deuda y de forzar un cambio, pasa igualmente por la
necesidad de acumular el peso político y económico necesario, así como
el uso de su valor geoestratégico, para el logro de una buena posición
negociadora, la cual es inaccesible para cada uno de los interesados en
solitario.
Retos de ese proceso negociador serían la reducción y
cancelación de la deuda, el cambio del papel del BCE en relación a la
misma, el incremento del Presupuesto de la UE en favor del sur, la
posibilidad de abordar una salida conjunta del euro como “muro de
protección” y, sobre todo pero en relación con todo lo anterior, la
recomposición de ese “sector tradicional”, es decir, la activación de
los recursos locales que produzcan para el consumo interno y sean una
fuente de trabajo estable y de calidad, en áreas tan importantes como la
alimentación, los cuidados o la producción de energía mediante fuentes
renovables implantadas en el territorio.
Andalucía, por su
volumen de población, su disponibilidad de recursos, su situación
estratégica, el lugar que se le ha reservado dentro de la distribución
de funciones en la UE y su imposibilidad para salir de esta situación
dentro de las reglas del juega establecidas, está llamada a jugar un
papel fundamental en una iniciativa de este tipo, que permita una nueva
organización de la economía al servicio de las necesidades humanas y
ecológicas y una reapropiación de la democracia. Pero hay otro aspecto
esencial: semejante desafío es sólo posible a través de cambios en las
relaciones de fuerzas políticas que permitan que las mayorías lleguen al
gobierno. Y hoy, una configuración de ese tipo es pensable en Portugal,
en Grecia y en España, dada la crisis de legitimidad de los grandes
partidos que han sostenido el consenso sobre la integración de los
respectivos países según el modelo antes apuntado. Apostar por un cambio
real implica la obligación de romper con acuerdos orientados al
mantenimiento de la “estabilidad capitalista” y trabajar en la
perspectiva de una amplia alianza social, política y cultural que
permita que la mayoría se haga hegemónica con un programa alternativo y
de salida a la crisis en favor de las poblaciones, y que tenga en
perspectiva un análisis serio de la realidad en la que nos encontramos.
La alianza con el PSOE en Andalucía esconde la renuncia a la idea de
Alternativa, porque se desconfía de las propias fuerzas, de la capacidad
política para construir un proyecto mayoritario. Continuar con esta
política, en plena crisis de régimen y de Estado, es conducir a la
izquierda real, social y política a un callejón sin salida. Y a la
población andaluza a la negación de cualquier horizonte de esperanza en
la política democrática y en la transformación social. Quién convocará
entonces las esperanzas y los sueños en el imaginario de las clases
populares castigadas por la crisis, es una cuestión de cuyo resultado
tendrán que responder en su idea quienes hoy se niegan, con todas las
consecuencias, a plantearla conscientemente.
Fuentes:
[1] Andalucía el Mediterráneo y Europa. Corriente Crítica Convocatoria
por Andalucía. Tesis para el debate en la XVII Asamblea Andaluza de IU
LV-CA (
http://www.iujaen.org/pdf/tesis.pdf)
[2] Armando F. Steinko, Portugal, España y Grecia en busca de una salida
[3] Manuel Monereo Pérez. Eurofascismos. La rebelión del Sur. De la crisis a la revolución democrática. Ed. Viejo Topo. 2013.
Francisco Sánchez del Pino. María Dolores Nieto Nieto. Asamblea Local de Izquierda Unida en Jaén
