Las elecciones al Parlamento andaluz se presentaron como una de las formas posibles (en este caso electoral) de reacción social a las políticas de ajuste que el PP venía implementando desde diciembre del año pasado en todo el Estado español. Buena parte de los andaluces y andaluzas expresó su descontento ante esas políticas y quiso recoger el lema de campaña de IU usando esta opción, de alguna manera, para desplegar un cordón de seguridad frente aquellas, en la perspectiva de otro modelo posible y necesario.
El desafío estaba abierto y la nueva situación política requería de una respuesta coherente con los tiempos y las necesidades sociales; IULV-CA supo leer la necesidad de conectar con esa voluntad de autodefensa de las gentes evitando un gobierno del PP que suponía una alternativa regresiva a la situación política en Andalucía. La diferencia surgió en el debate acerca de la posibilidad de ejercer ese papel que la ciudadanía reclamaba a través de un acuerdo de gobierno que no cuestionaba los fundamentos básicos de la llamada "estabilidad presupuestaria"; o la alternativa que significaba impulso a los movimientos sociales y conectar, desde la oposición, con la respuesta social que se ha estado expresando en los últimos meses a través de las sucesivas grandes movilizaciones sociales y sindicales que venían oponiéndose a esa tendencia.
Existía un peligro contenido en opción finalmente impuesta: el del divorcio sentimental con ese incipiente ánimo rebelde de las gentes que contestan a las políticas dictatoriales de los de arriba; un divorcio que supondría una ruptura entre los procesos de contestación social y la representación parlamentaria, dando lugar a una crisis político-social considerable. Y los peores pronósticos no han tardado ni un mes en materializarse: el así llamado "Plan de Reequilibrio de Andalucía", supone un conjunto de medidas que inciden en la línea de castigo a los de abajo, a los servicios públicos y a los salarios de unos empleados y empleadas públicos que ya han perdido alrededor de un 12% de capacidad adquisitiva en sólo dos años. El plan fue caracterizado por el propio vicepresidente de la Junta de Andalucía como "doloroso" e "injusto", pero también como "imprescindible", combinación de términos que resulta sumamente preocupante y ya conocida en otras instancias. También viene a apoyar la idea desesperante de que no hay más que lo que hay y de que cualquier alternativa a la gestión de la crisis como castigo es un horizonte susceptible de ser expulsado de la vista de las gentes. Justo ahora, cuando ese horizonte pelea por abrirse paso en condiciones sumamente difíciles, los dirigentes que han apoyado la medida, actúan presos del pasado, ignorando la nueva fase que la crisis ha abierto, una fase radicalmente nueva respecto a la fase anterior en la que no cabe la vuelta a prácticas políticas del pasado.
Justamente unos días después de esas declaraciones del vicepresidente del gobierno andaluz, el asunto Bankia, desvela la crisis de solvencia del sector bancario y se reclama otra gran transferencia de recursos públicos hacía el sector financiero y por lo tanto un nuevo paquete de recortes sociales, con las pensiones y el seguro de desempleo como posibles objetivos.
Ninguna medida de ajuste ha funcionado hasta ahora, salvo como castigo a los de abajo, y ninguna a dejado de reclamar posteriormente mas recortes, y mas medidas de ajuste. Es momento de cuestionar abiertamente la legitimidad de la deuda, no de justificar los castigos a las víctimas de la “deudocracia”
El recurso al “imperativo legal” como justificación de la obediencia a los de arriba debe ser desterrado de manera inmediata del discurso, entre otras cosas como expresión de una pedagogía política nefasta. Numerosos profesionales de la sanidad, por ejemplo, han anunciado ya su desobediencia a las instrucciones de exclusión de determinados sectores sociales de la atención médica; estos profesionales tienen claro que el imperativo legal no es suficiente para justificar una práctica injusta contra los más débiles y dan una respuesta desde la sociedad civil. Cuando desde el gobierno hay amenazas de cesión de cargos públicos por el incumplimiento de los programas de castigo, la desobediencia de los cargos de IU es un imperativo más fuerte. Ponerse “del otro lado” significa consentir que se desarticule desde el poder cualquier alternativa política de izquierda a la altura de la realidad social, con efectos no sólo ya en Andalucía, sino en todo el territorio del Estado español.
Es por ello que desde IU en la ciudad de Jaén:
1)Hacemos un llamamiento, sumándonos a otras voces ya expresadas desde dentro de la organización, a que los diputados y las diputadas que forman el Grupo Parlamentario de IULV-CA rechace con su voto el Plan económico-financiero de la Junta de Andalucía en su tramitación parlamentaria.
2) Animamos al ejercicio de la desobediencia de los cargos públicos de IU, en todos los niveles administrativos, a las exigencias de los Planes de estabilidad presupuestaria que van contra los de abajo, frente a cualquier tipo de amenaza.
3)Demandamos el inicio de un proceso de apertura hacia la sociedad y de movilización conjunta político-social en Andalucía en torno a una serie de ejes básicos (horizonte para la juventud, oposición al papel de las bases militares, la tierra como fuente de empleo y la defensa de los bienes comunes como la sanidad, la educación, y la vivienda), que difícilmente puede articularse desde la posición actual de IULV-CA en el gobierno andaluz. Por el contrario, hay que generar espacios de reflexión y de lucha con las gentes, caminando con ellas en un proceso de oposición político-social a todas las políticas de ajuste que permita recuperar la posibilidad de refundación de una izquierda en Andalucía.
Jaén, a 29 de mayo de 2012
