sábado, 18 de julio de 2015

Montoro Acalde



Estuvo muy teatral el Alcalde de Jaén ayer, reinvindicandose como el légitimo elegido por la ciudadanía. Pero más allá de los debates sobre tiempos y modos, lo cierto es que las condiciones en las que tuvo lugar el Pleno municipal de ayer, las decidió, más que el Ayuntamiento, el Ministro Montoro. El mismo que ha hecho una Ley que afixia a los ayuntamientos, la misma legislación con la que el Ministro amenazó a la candidaturas ciudadanas, y advirtió de las consecuencias que podrían caer sobre las alcaldesas díscolas que no la cumpliese. Una Ley que no pueden cumplirse. El informe de la intervención municipal y los sucesivos informes sobre incumplimientos de los planes de ajuste aprobado por el Ayuntamiento de Jaén son una prueba de ello) pero que le da al Ministerio de Economía todo el poder de decisión: puesto que los parámetros que impone la legislación sobre estabilidad presupuestaria son incompatibles de hecho con la realidad material de los ayuntamientos y con las necesidades a las que deben hacer frente y cada vez habrá más que no puedan cumplirlas, serán los gobiernos centrales y los burócratas del Eurogrupo, los que decidan, el quienes y el cuando, reciben ayuda; qué ayuntamientos sí deberán cumplir los planes de ajuste y quienes podrán evitarlos; hasta cuando será posible mantener un servicio y a sus trabajadores y trabajadoras y cuando deberá privatizarse para cumplir los parámetros de la Ley. Como es tiempo preelectoral, no es probable que de la cara aún el lado mas perverso de esta situación. Ya se encargarán Lagarde o el Eurogrupo, después de noviembre de recordarnoslo. Por eso a no mucho tardar los municipios gobernados por candidaturas ciudadanas necesitarán articular redes municipalistas, institucionales, de movimientos sociales, ciudadanos y sindicales para luchas comunes. 

Los que de momento saldrá ganando serán los bancos: El Ministerio avala un préstamo de 70 millones de euros, por el que el Ayuntamiento deberá pagar 85 en 10 años, mientras que los 80.000 millones de euros del rescate bancario de 2008, seguramenten nadie devolverá a las arcas públicas.