En la provincia con uno de los mayores índices de desempleo, esto está
pasando y es legal. Un gobernante condenado por vulnerar derechos
fundamentales a quienes protestan por las políticas de empleo, no será
condenado a carcel, ni siquiera tiene por qué dimitir, pero puede
conseguir, en cambio, que quienes primero fueron arrojados al
desempleo, y luego vieron vulnerados sus derechos, y precarizada su existencia, puedan terminar en la
cárcel si las formas de protesta elegida está criminalizada por
legislaciones como la Ley Mordaza. Puede ser legal, pero es indecente. Estamos en la provincial que lidera las peores cifras de desempleo y precaridad
del país, una de las últimas en niveles de convergencia y renta. La lesgislación represiva la aprobó el PP, pero es un hecho objetivo que los políticos del PSOE recurren a ella
para criminalizar el descontento y disciplinar el malestar social en
los pueblos donde gobiernan. La firmeza que no supieron mantener para defender
el artículo 135 de la Constitución y los derechos sociales frente a las
exigencias de Trichet, la emplean contra los dirigentes jornaleros
andaluces.
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