“Hay que poner orden”, ha dicho Sáenz de Santa María dirigiéndose a los municipios, con el desparpajo y el aplomo que expresan los ricos y sus aliados cuando saben que no hay contrapoder social en el horizonte con fuerza suficiente como para poner dique a sus excesos.
Porque, lo que es un desorden es que los municipios deban unos 60.000 millones de euros a los proveedores, a cuenta de los déficits históricos de financiación de los ayuntamientos. Pero no lo es que el Estado entregase -sin saldar antes su deuda histórica con el municipalismo y sin contraprestación alguna- 80.000 millones de euros a la banca para cubrir sus agujeros especulativos, después de décadas de ascenso continuado en sus beneficios.
En medio de todo, atrapados, los cientos de proveedores, pequeñas empresas e incluso profesionales independientes con los que los Ayuntamientos han contraído innumerables deudas contribuyendo de esta manera a su estrangulamiento económico.
Tener deudas hoy se ha convertido en cosa de gentes sospechosas de malvivir y peor gastar, que como poco merecen ser desahuciadas y hasta culpabilizadas por la crisis. Pero no siempre fue así. Endeudamiento fue la fórmula propuesta a Grecia para que pudiese financiar las inversiones alemanas en su territorio. A endeudarse fue a lo que se animó a miles de familias para comprarse una vivienda y financiar el milagro del crecimiento y el consumo basado en el ladrillo y el crédito a bajo interés en un país en el que las rentas del trabajo venían perdiendo puntos desde los años 70 y no dejaron de hacerlo siquiera en época de vacas gordas. El crédito barato estuvo en la base del modelo propiciado por Aznar y el PP-luego continuado por Zapatero y el PSOE- durante los años del festín neoliberal. -> Sigue leyendo
Aunque la deuda pública es considerablemente inferior a la deuda privada, este es el contexto en el que se fue fraguando el endeudamiento de las entidades locales a lo largo de los 80/90/00 (*). Estas fueron sumando competencias muchas de ellas relacionadas con la extensión de las políticas sociales y asumiendo costes de los que otras administraciones se fueron inhibiendo, mientras que se iba dilatando sine die las reformas para cubrir los déficits de financiación. Primero se fue acumulando deuda con las entidades de crédito. Luego, cuando el Pacto de Estabilidad Presupuestaria impuesto por los banqueros estableció límites al endeudamiento de las administraciones públicas, la privatización de sector público municipal, y los ingresos producto de la especulación urbanística, fueron la otra alternativa para la administraciones locales, espoleando prácticas muchas veces corrosivas con el patrimonio ambiental, cultural e histórico. De todo ello quienes mas beneficios obtuvieron fue la oligarquía que ahora viene exigiendo mas y mas recortes. Otra vía fue el endeudamiento con sus propia ciudadanía. Los municipios no podían seguir endeudándose vía préstamos bancarios más allá de cierto límites, así que cuando el modelo del ladrillo entra en crisis, se endeudaron con sus propia ciudadanía y con el tejido productivo de sus ciudades. Este fue el cuadro general, aunque agravado más o menos y con los matices correspondientes dependiendo de la gestión en cada municipio.
El plan anunciado, según el Gobierno, permitirá resarcirse de sus deudas a los proveedores. Pero a cambio de que la banca financie el pago de la deuda, se exige ajustes y recorte de gastos a los ayuntamientos. Una cosa es entregar millones y millones para rescates de la banca y otra muy diferente hacerlo para el rescate de los ayuntamientos. Pero este supuesto plan salvador es aún mas perverso: Las beneficiarias seran el conglomerado de empresas pertenecientes a la oligarquía empresarial que se hizo con las concesiones administrativas durante las privatizaciones y que acapararán el 70% del plan.
Así que poner orden en este caso, significa garantizar beneficios privados, despidos de personal, recortes de ayudas sociales, sacrificios a las familias, encefalograma plano a las inversiones, privatizar lo poco que va quedando y seguramente subidas de tasas e impuestos municipales. Significa confrontar el derecho legítimo -y la necesidad- de muchos pequeños proveedores a cobrar lo que se les debe, con la continuidad en el empleo de muchos trabajadores municipales. La fragmentación de las víctimas es uno de los éxitos mas notables del PP y la oligarquía a la que sirven: Trabajadores en desempleo frente a trabajadores con empleo; autónomos frente a salariados; jóvenes precarios sin ingresos, frente jubilados con pensión… Y les está funcionando electoralmente, aunque al final la crisis vaya de recorte en recorte hasta el desastre final y todos sean una balsa de náufragos en un contexto en el que solo un minoría muy minoritaria de ricos saldrá beneficiada. No en vano lo que subyace tras las exigencias de recortes municipales, ahora bajo pretexto de saldar la deuda con los proveedores, son parte de la propuesta de eliminar municipios, ya expuesto por la Fundación Everis, y otros clubs de la plutocracia empresarial en marzo del año pasado.
Sobre las consecuencias que tendrá para la gente común y corriente, para la democracia y la vida cotidiana, esta degradación de la vida pública municipal, me extiendo otro día.
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(*) Sobre todo el de los pequeños y medianos municipios, otros matices habría que incorporar en el análisis de las grandes ciudades
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